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Por Ana González / Republica gt
Aunque aún faltan dos años para el proceso electoral 2027, algunas agrupaciones continúan con pugnas internas que podrían complicar su participación. Este es el caso de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), un partido relativamente nuevo, que, tras su participación en las elecciones de 2023, podría ver amenazada su estabilidad, e incluso su existencia en el mapa político.
Por qué importa. La agrupación cobró relevancia recientemente, pues debe designar al sustituto de Karina Paz en la primera secretaría. Es decir, la vacante tendría que ser ocupada por Jairo Flores, Orlando Blanco o José Chic. El puesto quedó vacante tras la expulsión de la congresista, quien fue relegada a diputada independiente, estatus que le impide continuar en la Junta Directiva, que preside Nery Ramos.
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Fisgón histórico. Las disputas comenzaron en enero de 2024, cuando los diputados de VOS decidieron no integrar la planilla de Samuel Pérez, quien, luego de asumir, fue removido en cumplimiento de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
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Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos han dado a conocer la implementación de una nueva zona militar clasificada como restringida en la frontera sur de Estados Unidos con México, siendo establecida en el estado de Texas, por lo que ingresar por dicha zona, enfrentarán los inmigrantes capturas por violación de normas de seguridad en zona militar, advierte el licenciado Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco.
Se advierte que se han realizado capturas de inmigrantes y el personal del Departamento de Justicia, les ha iniciado procesos con cargos de violación de normas de seguridad en zona militar restringida por cruces ilegales.
Fotos patrulla fronteriza
La nueva zona militar restringida está ubicada en el estado de Texas, anexando a la base militar de Fort Bliss, en el Paso, siendo el objetivo de contener la migración y dar cumplimiento a la contención migratoria establecida por la administración Trump.
Recordemos que la primera zona designada para ocupación por parte del Ejército estadounidense, fue el mes pasado en la frontera sur de Nuevo México, por medio de orden ejecutiva suscrita por Trump, en la que autoriza que personal militar tenga la custodia de inmigrantes ilegales, que sean capturados al cruzar frontera sur y entregarlos a las autoridades correspondientes, advirtiendo de procesamiento.
El objetivo de establecer las zonas militares, es controlar la “actividad ilegal” en la frontera sur de Estados Unidos y México de inmigrantes, así como el contrabando de drogas.
Fotos patrulla fronteriza
Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump autorizó el 11 de abril por medio de una orden presidencial a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y al de Agricultura, este último el facilitar el traspaso de los terrenos públicos fronterizos para permitir actividades militares.
Las personas inmigrantes que han sido capturas por cruces ilegales a Estados Unidos por dichas zonas militares, el personal del Departamento de Justicia tiene las órdenes de iniciar procesos con cargos de violación normas de seguridad en zona militar restringida.
Lo que forzará a mayores peligros a inmigrantes que aún intenten ingresar a EEUU en forma ilegal, evitar dichas zonas, poniendo en mayor riesgo sus vidas y la de sus hijos, por lo que advierto reitera Castro Molina.
Otro tema que debería ser advertido por las autoridades vinculadas al tema migratorio de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, como parte de acciones de protección a connacionales en campañas informativas en prensa, radio y televisión, se enfatiza.
La inmigración ha disminuido notoriamente en la administración Trump, debido al apoyo del gobierno mexicano, al reforzar la contención en la frontera norte de dicho país con más de 10,000 efectivos militares, ya que en febrero fueron más de 30,000 inmigrantes capturados, cifra mucho menor a la de meses de la administración Biden que oscilaron en más de 150,000 hasta 175,000 personas inmigrantes capturados mensualmente, lo que se consideró una grave crisis migratoria humanitaria, no declarada por los gobiernos, cifras que hoy vemos disminuidas significativamente, concluye Castro Molina.
POR LIC. FERNANDO CASTRO MOLINA / ANALISTA MIGRATORIO GUATEMALTECO
Enlace Informativo UV/22
POR / Glenda Sánchez / REPUBLICA gt
En Guatemala, las amenazas, la violencia contra la mujer y los robos son los incidentes que más se denunciaron en el Ministerio Público (MP) en los últimos cinco años.
En perspectiva. El informe del MP reveló que los 10 delitos con más denuncias, en ese periodo, son: las amenazas, violencia contra la mujer, hurto, robo de celulares y lesiones leves. Además, casos especiales de estafa, extorsión, robo agravado, lesiones culposas y hurto agravado
#Exclusiva El líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) JOVIEL ACEVEDO nos habla de los ataques en su contra y del supuesto aumento salarial del 5%, equivalente a Q220.00 para los maestros, por parte del presidente
Por Edgar Pálala / Redacción
La diputada Sonia Gutiérrez Raguay , representante del partido político Winaq y defensora de los derechos humanos, ha sido una figura activa en el Congreso de la República de Guatemala desde enero de 2020. Como abogada, notaria y activista indígena maya poqomam, ha destacado por su compromiso con las comunidades y su lucha por la justicia social.
. En relación con su postura sobre la agenda del día en el Congreso, Gutiérrez Raguay ha expresado su desacuerdo con ciertas propuestas, como la reducción de salarios de los diputados y la necesidad de remover a la Fiscal General del Ministerio Público. Según su perspectiva, estas iniciativas podrían estar motivadas por intereses políticos que desvían la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país. Además, ha señalado que las decisiones legislativas deben priorizar el bienestar de la población y no responder a agendas particulares que perpetúan desigualdades.La diputada también ha confrontado a otros legisladores, cuestionando los verdaderos motivos detrás de estas propuestas. Su enfoque crítico refleja su compromiso con una política distinta, basada en la transparencia y la defensa de los derechos de las comunidades más vulnerables.
.Gutiérrez Raguay ha sido una voz importante en el Congreso, promoviendo iniciativas que buscan fortalecer los derechos humanos y la equidad en Guatemala. Su liderazgo como Secretaria General del partido Winaq desde 2017 refuerza su papel como una de las principales figuras políticas en el país.
POR / Richie González / Republica gt
A casi dos años del terremoto político provocado por Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla, la promesa de una “primavera democrática” en Guatemala parece marchitarse con rapidez.
La inesperada irrupción de Arévalo en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2023 —que culminó con su victoria y un sólido desempeño legislativo de su partido— generó una ola de entusiasmo y esperanza, especialmente tras una transición marcada por los intentos del Ministerio Público (MP) de deslegitimar los resultados.
Sin embargo, a más de un año de haber asumido el poder, el júbilo se ha desvanecido, y las promesas de una verdadera renovación política parecen cada vez más lejanas.
Panorama general. Arévalo, en lo personal, aún goza de relativa confianza entre algunos líderes empresariales, académicos y formadores de opinión, quienes destacan su integridad y la incorporación de algunos perfiles tecnocráticos en su gobierno—un marcado contraste con administraciones anteriores—. Sin embargo, la falta de resultados concretos comienza a generar frustración tanto en las élites como en la población en general.
El nivel de aprobación de Arévalo se ha reducido casi a la mitad desde que asumió el cargo, en medio de una percepción cada vez más extendida de un liderazgo “tibio”, o más bien, de una preocupante ausencia de liderazgo.
Otro ejemplo de ello son las declaraciones de Juan Pablo Ajpacajá, dirigente de los 48 Cantones de Totonicapán, organización indígena que respaldó a Arévalo y lideró las manifestaciones en defensa de su investidura en 2023: “Honestamente, la nueva primavera no existe”.
Entre líneas. Los desafíos del país son bien conocidos. La mayoría —o al menos los más urgentes— provienen de décadas de abandono institucional por parte de autoridades ampliamente percibidas como corruptas e incompetentes.
La expresión más visible de esa crisis es la pobreza: el índice en Guatemala alcanza el 54.8 %, más del doble del promedio regional de Latinoamérica y el Caribe (24.7 %).
Esto contrasta con los datos macroeconómicos del país, que muestran un crecimiento lento pero sostenido y una política fiscal sólida, resaltando a nivel regional. Muestra de ello es que, en su revisión más reciente de proyecciones para 2025, el Fondo Monetario Internacional recortó las estimaciones para el hemisferio occidental, pero mantuvo a Guatemala con una previsión de crecimiento del 4.1 %.
Pese a ese potencial, persisten profundas brechas estructurales que limitan la creación de riqueza en los sectores más marginados. Un ejemplo claro es la inversión pública en infraestructura —puertos, carreteras y conectividad—, donde el gobierno de Arévalo ha sido notoriamente incapaz.
En conclusión. Hasta sus críticos más duros y honestos reconocen que Arévalo no puede resolver los problemas del país por arte de magia. Sin embargo, necesita mostrar mayor firmeza y liderazgo para impulsar acciones concretas y reformas puntuales que generen un impacto real.
El conflicto permanente con el MP ha resultado especialmente perjudicial: no solo no ha producido ninguna victoria significativa, sino que ha consumido gran parte de la atención institucional en lo que se percibe como un teatro político repetitivo y sin salida, mientras los problemas estructurales del país siguen acumulándose.
Con las elecciones generales de 2027, ya en el horizonte, el riesgo es evidente: que la frustración allane el camino para una imitación barata de Nayib Bukele; es decir, un oportunista sin sustancia ni capacidad que capitalice el desencanto popular para sus fines particulares.
El caso de Arévalo revela una verdad implacable: ser una “buena persona” no es suficiente. Las buenas intenciones no logran nada por sí solas, y mucho menos pueden gobernar.
