CIUDAD DE GUATEMALA. La investigación por el doble homicidio ocurrido el pasado 17 de octubre en instalaciones de Campo Marte dio un giro trascendental: el Ministerio Público, con el respaldo de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, indaga a siete agentes —incluido el titular de la Comisaría 13— por la presunta implantación de evidencia y suplantación de arma contra dos personas que resultaron inocentes.
Los hechos se desencadenaron tras la muerte del exfiscal y exsuperintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarra. Minutos después del ataque, efectivos de la PNC detuvieron a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, a quienes les decomisaron un arma de fuego, cargador, municiones y un chaleco táctico, presentándolos ante la opinión pública como presuntos responsables.
Sin embargo, desde su declaración, los jóvenes negaron toda participación y denunciaron que el arma les fue colocada por los propios agentes durante la intervención. El domingo 18 de octubre, un juzgado ordenó su libertad inmediata al dictar falta de mérito, tras establecerse que el arma exhibida por la policía no coincide con el arma utilizada en el crimen y que no existían pruebas que los vincularan a los hechos.
Actualmente, los siete agentes señalados han sido apartados de sus funciones y reasignados a tareas administrativas mientras avanza la indagación por presuntos delitos de fabricación de indicios, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Hasta la fecha, no se han dictado órdenes de captura; los funcionarios figuran como investigados bajo reserva judicial.
El arma en cuestión se encuentra registrada a nombre de un particular y no presenta denuncia de robo; su propietario también es objeto de interrogatorio por parte de las autoridades. Asimismo, el Gobierno de Guatemala confirmó que solicitó apoyo técnico al Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) para realizar peritajes balísticos independientes y reconstruir la secuencia de los hechos.
El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, manifestaron que se aplicarán consecuencias sin distinción de jerarquías y anunciaron la adquisición urgente de cámaras corporales para el personal de la PNC y sistemas de videovigilancia en patrullas, como medida preventiva.
Por su parte, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura anunció que acompañará el proceso y activará acciones legales contra quienes resulten responsables.
Los autores materiales del doble homicidio siguen sin ser identificados ni capturados. Las autoridades hacen un llamado a la población a aportar cualquier información útil a través de las líneas confidenciales del Ministerio Público.
UV22 Noticias mantendrá el seguimiento minuto a minuto de este proceso y difundirá los avances de manera transparente.
REDACCIÓN UV22 | 23/10/2026 • 19:35 h
Contacto: [correo de redacción] | Fuentes: Ministerio Público, Inspectoría General PNC, Presidencia
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